*Autor: Manuel Fernández de Sevilla.
* Economista
El maltrato a las Asociaciones Sociales radica en la escasez de diálogo social, el cual se nos exige, y parece quedar enmarcado únicamente en el ámbito de las ONGs y Asociaciones Sin Ánimo de Lucro, pero lo que es evidente es la inexistencia de diálogo social entre las mismas y las Administraciones Públicas Subvencionadoras, las cuales han venido modificando unilateralmente los criterios de financiación en las diferentes convocatorias, de dichas entidades, lo cual está contribuyendo a la privatización de la financiación de las entidades sociales sin ánimo de lucro. Se pretende destacar la mencionada privatización financiera como la práctica de la independencia económica de las entidades sociales, cuando todos sabemos que se trata de una dependencia mayor respecto de los agentes financieros o firmas de corporaciones bancarias y empresariales. La dependencia financiera con los agentes privados ha favorecido el endeudamiento de las ONGs y Asociaciones Sociales. La alteración de las condiciones de financiación expresadas en las convocatorias públicas ha obligado a las entidades sociales a buscar financiación privada con un alto coste económico y financiero, y ello ha favorecido todavía más la precariedad salarial en su seno.
El endeudamiento privado que padecen hoy las entidades sociales se genera principalmente por dos causas: a) la financiación a posteriori de las subvenciones públicas una vez se haya demostrado la justificación de la ejecución del proyecto, lo cual lleva a las entidades sociales a buscar dinero entre los agentes privados financieros y firmas de corporaciones bancarias y empresariales; y b) las devoluciones de importes considerados por las Administraciones Públicas Subvencionadoras por mal ejecutados y erróneamente justificados, lo que lleva a las entidades sociales a endeudarse con agentes financieros privados a un alto coste, al no existir la oferta de pólizas de crédito para entidades sociales sin ánimo de lucro por parte de las entidades financieras de crédito. El hecho de ser entidades sin ánimo de lucro, no hace atractivo a las entidades financieras de crédito, su financiamiento.
Los técnicos que llevan a cabo el estudio de los expedientes de proyectos son funcionarios públicos, o al menos están vinculados a la Administración Pública, y la labor y misión del funcionariado, como administradores y gestores del bien público, es entre otras cosas, el servicio y atención al ciudadano, y en el caso que nos toca, el servicio y atención a los problemas de las Asociaciones Sin Ánimo de Lucro como entidades de atención social, y por tanto no pueden de ninguna manera negarse a reunirse con los responsables ejecutantes de los proyectos, poniendo como excusa exceso de trabajo.
Entendemos que su actual trabajo en cuanto a la revisión de expedientes antiguos no sólo de Cooperación, obedece a un proceso del cual ustedes como funcionarios son meros actores y ejecutores, pero nosotros como Asociación Sin Ánimo de Lucro somos las víctimas de ese proceso estrangulador financiero que tiene por objetivo mermar la presencia del tejido asociativo en este país. Se trata de un proceso regresivo por la merma de la presencia de las Asociaciones que viene teniendo lugar en Occidente y especialmente en España tras el boom de la aparición del entramado de Asociaciones Sin Ánimo de Lucro en los años 90 del siglo XX. Con la crisis de 2008, las antiguas promesas de las instituciones públicas de mantener y sostener anualmente a las Asociaciones Sin Ánimo de Lucro cayeron en saco roto, pues la promesa inicial tras la privatización y externalización de la Atención Social bajo el desarrollo del Tejido Asociativo privado permitió a los poderes públicos y al Estado, las Autonomías y Municipios externalizar las funciones públicas de atención social que debían haber desarrollado desde el poder público estatal y que permitieron y consintieron la privatización de la Atención Social bajo la solemne promesa de que siempre contaríamos con la Ayuda Pública bajo los procesos de convocatorias de subvenciones, de manera que la privatización y externalización de la atención social ha venido permitiendo la precarización de la Atención Social al contar con subvenciones cuyo coste es muy inferior al coste que debía haber soportado el Estado de haber desarrollado dicha Atención Social.
Los funcionarios públicos técnicos revisores de las ejecuciones de los proyectos, no sólo de Cooperación son actualmente agentes ejecutores de un proceso que tiene por objetivo incumplir con el mandamiento inicial que dio origen a la aparición, desarrollo y profesionalización de las ONGs y Asociaciones que finalmente nos estamos viendo en una situación muy delicada para seguir trabajando al significar las devoluciones de dinero de proyectos pasados, una merma de los recursos en los proyectos presentes, lo que a su vez complica la situación el hecho de vernos sin posibilidad de contratar una póliza de crédito que permitiría una financiación más cómoda y garantista. Por otro lado observamos una política de doblez por parte de los poderes públicos los cuáles ayudaron a fomentar y favorecer la aparición de las Asociaciones privadas al hacer constar el apoyo financiero que éstas tendrían siempre después de haber privatizado la Atención Social y después de que los poderes públicos hayan hecho dejación de sus funciones en cuanto a la Atención Social de sus Ciudadanos.
Si desde el neoliberalismo económico se ha contribuido a la privatización de la atención Social permitiendo el desarrollo y aparición de las Entidades Sin Ánimo de Lucro para dar respuesta a las necesidades sociales específicas, la política económica desde una significación más izquierdista, ha tratado de reabsorber la Atención Social, volviéndola a hacer pública, disminuyendo el protagonismo de las entidades sociales, al tratarse de agentes privatizadores de la atención social. El problema de los objetivos de las políticas de la izquierda actual, es que no han querido acometer un proceso integral de reabsorción de “lo público”, y sólo se dedican a dar respuestas parcheadas y segmentadas, que les está llevando a incidir en la reducción de la oferta social por tratar de cumplir con el objetivo de reabsorción de “lo público” por parte de las Administraciones Públicas y el Estado, mermando la presencia de las Entidades Sociales privadas al no proveerlas de fondos a tiempo. Y que esta idea inicial sería muy justa y loable, siempre y cuando sean capaces de absorber a todas las entidades sociales privadas para convertirlas en parte de la administración Pública de la Atención Social, pero a lo que se está contribuyendo no es sólo a la frustración de la absorción de la Atención Social por parte de los Poderes y Administraciones Públicas, sino que con las medidas unilaterales de financiación expresadas en las convocatorias públicas de subvenciones que explicábamos antes, se está mermando y aniquilando el tejido asociativo del País Valencià, porque no sólo no se consigue la reabsorción de la Atención Social por parte de “lo público”, sino que se castiga a la oferta de la Atención Social Privada ofrecida por las asociaciones Sin Ánimo de Lucro y ONGs, al no albergar desde los Poderes y Administraciones Públicas unas medidas serias, adecuadas y solventes que tengan por objetivo una política integral de reabsorción a “lo público” de todos los sectores estratégicos de la economía, ya que en el fondo de todas estas políticas y acciones arbitrarias existe una falta de ingresos públicos que permitan realmente la reabsorción de la Atención Social que hoy día siguen realizando las Asociaciones y ONGs como Entidades Sin Ánimo de Lucro.