Entendemos y apoyamos la postura del gobierno central y de los movimientos sociales, que alertan sobre la vulneración de derechos humanos que ejercen los responsables políticos de  estos ayuntamientos, y nos tememos que esta inoportuna actuación pueda trasladarse a otras poblaciones.

El impedir el empadronamiento de personas que se hallan en situación administrativa irregular se considera una flagrante violación de los derechos constitucionales y bordea toda ilegalidad jurídica. Las leyes antes mencionadas obligan a los ayuntamientos a empadronar a todos los vecinos independientemente de su situación administrativa. Tanto La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 16.2, como la Ley de Extranjería, en su artículo 6.3 permiten el empadronamiento de los vecinos no comunitarios, al justificar su domicilio habitual y dando a conocer sus datos personales, así como la actualización relativa de los mismos.

Además, dicha medida tendría consecuencias sobre aspectos básicos como la salud y la educación, ya que sin empadronamiento no se puede acceder a la tarjeta sanitaria ni a la escolarización, privando así de dos derechos fundamentales. Además, dificultaría los procedimientos legales disponibles y las oportunidades de desarrollo, porque complicaría trámites básicos para obtener la residencia legal en el país (arraigo).

Estaremos vigilantes para que este intento de “lepenización” de la sociedad española, por parte de representantes políticos faltos de responsabilidad política y social, no se traduzca en la implementación de medidas discriminatorias contra las personas por su origen, raza o nacionalidad. Igualmente, velaremos para que estas actuaciones no se trasladen a otros municipios y las políticas de integración social fomentadas desde el gobierno, no se rompan por el capricho partidista.

Por último, señalar que estudiaremos si las medidas privativas del derecho a empadronarse de los extranjeros en España, adoptadas por distintos ayuntamientos constituyen una vulneración de derechos fundamentales, contemplados por la Constitución española y desarrollados por las LOEX. En la medida que esto ocurra,  resultará procedente interponer recurso de amparo a objeto de que el Tribunal Constitucional proceda a declarar la inconstitucionalidad de las citadas medidas.