RESUMEN MEMORIAS XII CONGRESO DE INMIGRACIÓN “LOS INMIGRANTES FRENTE A LA NUEVA LEY DE EXTRANJERÍA: UNA VISIÓN CRÍTICA”
Por Sara Plaza
El pasado 20 de mayo la Asociación Sociocultural y de Cooperación al Desarrollo por Colombia e Iberoamérica, Aculco, celebraba el XII Congreso de Inmigración “Los inmigrantes frente a la nueva Ley de Extranjería: una visión crítica” en el Centro Social y Cultural de la Obra Social La Caixa, CaixaForum, que daba comienzo a las 10:00 de la mañana, con una mesa inaugural en la que estaban representadas las Administraciones Públicas (ver programa aquí).
Tanto para la Directora General de Inmigración del Ayuntamiento de Madrid, Laura López de Ceraín, como para el Director General de Inmigración de la Comunidad Valenciana, Josep María Felip y el Viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid, Gabriel Fernández Rojas, la reforma de la Ley de Extranjería adolece de una gran indefinición en las competencias atribuidas a estas administraciones e incrementa el número de trámites burocráticos que tendrán que llevar a cabo los extranjeros para legalizar su situación en España, tales como los informes de integración social. Por otro lado, reclamaron el incumplimiento de los plazos para lanzar el reglamento que acompañe a la ley.
Por su parte, el Director General de Inmigración de la Secretaría de Estado, Markus González, reconoció que “la situación del mercado laboral es el hilo principal de ordenación de los flujos migratorios” y remarcó algunos logros de la nueva Ley como el reconocimiento de los derechos de manifestación, sindicación y huelga para todos los extranjeros, independientemente de su situación administrativa.
Tras la mesa inaugural, el Congreso comenzó abordando las novedades que la reforma plantea en el aspecto laboral. Así, aunque se destacaron algunos logros como el reconocimiento de la autorización para trabajar a las personas reagrupadas, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores transfronterizos o la obligación de concretar la ocupación en el permiso inicial para evitar la sobreexplotación laboral, se remarcó que la reforma ha sido “una oportunidad perdida” ya que no se ha optado por una “ley de asentamiento” teniendo en cuenta que un 63% de la población inmigrante lleva viviendo más de 5 años en este país. “Parece un poco anacrónico que sigamos pensando en cómo van a venir, como vamos a impedir que lleguen… creo que se ha perdido una importante oportunidad”, remarcaba José Antonio Moreno, representante de CCOO.
Para Ana María Corral, representante de UGT, además la ley, lastrada por la situación económica actual, ha cambiado el principio de igualdad de trato y oportunidades “por el principio de igualdad en función del tiempo que usted lleve residiendo en este país. Pongo un ejemplo: las ayudas públicas en materia de vivienda, que sólo serán concedidas a los residentes con tarjeta de larga duración”.
Acto seguido, se analizó como va a repercutir la reforma de la ley sobre los derechos de las mujeres migrantes. En este sentido, se celebraron los avances para las víctimas de violencia de género, quienes, en el momento que tengan una orden de protección “podrán optar a una tarjeta provisional de residencia y trabajo. Si la sentencia es condenatorio, se otorgaría una tarjeta de residencia y trabajo definitiva, si es absolutoria se quedan sin documentación”, resumía Paloma García, representante de la Federación de Mujeres Progresistas.
En cuanto a las mujeres víctimas de trata, pese a la introducción de un nuevo artículo, el 59 bis, que reconoce una posible regularización de las víctimas en situación irregular, se sigue vinculando su protección con la denuncia. “Si no hay denuncia, no hay ayuda, ni documentación y te expulsan” resumía Eva María Sancha, portavoz del Proyecto Esperanza. Por otro lado, la jurista criticó la indefinición del artículo en algunos puntos, especialmente en el tiempo de concesión del periodo de reflexión (periodo que se le concede a la víctima para que decida si quiere denunciar o no). Hasta la fecha se han solicitado 4 periodos de reflexión: 3 no contestados y 1 denegado.
La siguiente mesa analizó dos de los aspectos más controvertidos en el aspecto social: Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) y la situación de los Menores no Acompañados. Así, se señaló que la Reforma “ahonda en criminalizar y transmitir una percepción más negativa de los movimientos migratorios y de la irregularidad, cuya persecución se ha convertido en una clave”, resumió Alfredo Abad, Secretario General de CEAR, quien celebró la autorización de permiso de acceso a los CIEs para la sociedad civil (aunque aún sólo se ha concedido un permiso) aunque insistió en su insuficiente regulación y reclamó una Ley Orgánica para estos centros, en donde se ha ampliado el tiempo de estancia hasta 60 días.
En cuanto a los Menores no Acompañados, se criticó el excesivo interés en detectar la edad, cuando “no hay un método definitivo para detectar la edad de manera infalible” y su situación de desamparo y abandono, tal y como reconoció Antonio Díaz de Freijo, Director de Karibu, quien explicó que, en ocasiones, los menores son expulsados de los centros sin concederles documentación. “Hay cuestiones que no están resueltas en la legislación, como la del menor, que tienen muchos vacíos y estos vacíos hay que corregirlos, porque estamos hablando de que no haya niños en la calle”, concluyó el Director de Karibu.
Para finalizar la mañana, se analizó la relación entre la reforma y la crisis económica, llegando a la conclusión que la nueva ley es “reflejo de una visión instrumental del trabajador inmigrante, tratado “cuasi como un clínex, de usar y tirar, en función de la coyuntura económica”, afirmaba Caridad Díaz, portavoz de IU. Además, se alertó sobre el recrudecimiento, no sólo de la legislación, sino también de la práctica administrativa en Extranjería, que se refleja en el aumento de obstáculos para la concesión de permisos de arraigo y en las redadas policiales en busca de inmigrantes en situación irregular, tal y como explicaba Javier Ramírez, portavoz de SOS Racismo. Para finalizar, se alertó sobre el aumento de fenómenos como la xenofobia y el racismo a causa de la crisis, algo que la reforma de la ley no ha contemplado, consideraba Esteban Ibarra, Representante de Movimiento contra la Intolerancia.
La tarde comenzaba aludiendo al reconocimiento de los derechos civiles y políticos de los inmigrantes como posible motor de cambio, para lo que se contó con la presencia de importantes figuras políticas de los principales partidos. Todos coincidieron en la necesidad del reconocimiento del derecho al voto para los inmigrantes, algo que contempla la reforma ya que se suprime la alusión al principio de reciprocidad, pero que sigue frenando la Constitución, en donde se sigue manteniendo este principio, tal y como reconoció Óscar Seco, diputado del PSOE que intervino en la redacción del nuevo texto. “Si no existe ese derecho, no podemos hablar de ciudadanía” expresaba Ernesto Carrión, representante de ICV.
En esta mesa también se señalaron algunos avances de la reforma, como las garantías en el acceso al padrón y el derecho a la tutela judicial efectiva para todos los extranjeros; pero se criticó el poco avance en cuanto a los requisitos para obtener la nacionalidad. “No podemos entender que los partidos españoles sigan empeñados en reclamar 10 años de residencia para conseguir la nacionalidad; algo ya tan desfasado históricamente, como el mismo concepto de nacionalidad en un mundo global”, declaraba el diputado de ERC Joan Tardá.
Para concluir el evento, le tocó el turno a las asociaciones de inmigrantes, quienes quisieron culminar remarcando la necesidad de fomentar la participación política de la población inmigrante, no sólo a través del voto, sino formando parte de las listas electorales “porque nosotros somos capaces de gestionar nuestra propia diversidad”, concluía el Director de Aculco, Álvaro Zuleta. Por otro lado, las asociaciones allí reunidas reconocieron su participación en la reforma, pese a que esta fue poco consensuada y ha significado “una renuncia a sus derechos como personas”, reconocía Rosario Zanabria quien demandaba “mecanismos de igualdad de tratamiento que permitan situar la relación de sentido y oportunidad internacional, porque nadie elige donde vive, pero sí que puede dar y participar”.